“La constitución progresista
debe considerar garantías individuales, educación laica y gratuita, igualdad de
géneros, un México libre por la separación de la Iglesia y el Estado.”
El Nigromante
Vivimos momentos en los cuales los factores reales de
poder, ejercen una influencia significativa en la toma de decisiones políticas,
jurídicas y sociales más allá de su posición formal en el sistema de gobierno.
Estos actores no siempre son visibles en la estructura institucional, pero
tienen la capacidad de incidir en la dirección de las políticas públicas,
reformas constitucionales y en la distribución del poder en una sociedad.
El constitucionalismo en América Latina ha sido una fuerza
poderosa en la construcción y consolidación de las democracias en la región. A
lo largo de la historia, hemos sido testigos de cómo las constituciones han
servido como guías fundamentales para establecer el marco jurídico que regula
la vida política y social de nuestras naciones.
El constitucionalismo ha sido un pilar esencial en la
promoción de la separación de poderes y el establecimiento del Estado de
Derecho en América Latina. A través de la delimitación de funciones y
atribuciones de los distintos órganos del gobierno, las constituciones han
buscado evitar la concentración del poder en una sola instancia y garantizar un
equilibrio que proteja a la sociedad de la arbitrariedad y la tiranía.
A través de enmiendas y reformas, las constituciones han
reflejado las demandas y aspiraciones de la sociedad civil, abriendo paso a
transformaciones que han mejorado la calidad de vida de millones de personas.
En América Latina, el constitucionalismo ha demostrado ser
una herramienta vital para construir sociedades más justas, democráticas y
respetuosas de los derechos humanos. Las constituciones han proporcionado una
base sólida para la convivencia cívica y el funcionamiento institucional,
garantizando la cohesión social y el progreso de nuestros países. Sin embargo,
es esencial que sigamos fortaleciendo nuestros sistemas constitucionales,
promoviendo el respeto a las leyes y buscando la democratización de nuestros
órganos constitucionales para salvaguardar los avances alcanzados y enfrentar
los desafíos del futuro.
El constitucionalismo ha sido un instrumento para impulsar
cambios sociales y políticos significativos en América Latina. A través de
enmiendas y reformas constitucionales, se han reflejado las demandas del pueblo
y se han promovido transformaciones que han mejorado la calidad de vida de los
ciudadanos.
En este contexto presentamos en este número en nuestra
sección Análisis: “Reformas constitucionales de la Cuarta Transformación” de la
Dra. Bárbara Leonor Cabrera Pantoja; el Mtro. Oliver Narciso Correa Sandoval
habla de “La educación como un derecho constitucional en América Latina”;
“Hacia una teoría de la decisión judicial para América latina” es una
colaboración del Dr. Silvino Vergara Nava; el Dr. Héctor Salazar Torres
coordina una entrega cuyo título es “El Derecho Penal Sancionador en el
Constitucionalismo Latinoamericano: Un Parámetro de Justicia Social.” Y
finalmente “Lawfare: los órganos Constitucionales como Instrumento de los
poderes Fácticos en América Latina” una aportación de mi autoría.
En la sección poderes públicos el Mtro. Jorge Arturo
Jaimes García habla de “Hacia un “nuevo constitucionalismo latinoamericano” o
“ius commune latinoamericano”. En la sección Realidad sociojurídica el Dr.
Ubaldo Márquez Roa nos presenta: “Los derechos de la familia frente a los
contextos de migración.”
En Internet y Derecho la Dra. Bárbara Leonor Cabrera
Pantoja nos entrega “Seguridad en las redes sociales”. En Derecho en su tinta
la obra recomendada es “Hacia una teoría de la decisión judicial para América
Latina”. Y finalmente en nuestra sección Hic et nunc el Dr. Silvino Vergara
Nava nos presenta “La crisis actual se llama “des-educación”.
El constitucionalismo en América Latina desempeña un rol
trascendental en la consolidación de la democracia, la protección de los
derechos humanos y el establecimiento de instituciones sólidas y estables. Pero
debemos cuidar que las garantías establecidas no sean objeto de manipulación y
control de los factores reales de poder. El constitucionalismo es una
herramienta esencial para la protección de los derechos humanos, la limitación
del poder y el funcionamiento de la democracia. Proporciona un marco jurídico y
político estable que promueve la igualdad, la justicia y el bienestar general.
Los invito a leer, compartir, y retroalimentar los
contenidos de este número especial. Siempre es un gusto conocer sus puntos de
vista e interactuar a través de nuestras redes sociales, en Twitter, LinkedIn,
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Dr. Samuel Hernández Apodaca
Director General
Link de la editorial de este número
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