Durante su disertación, el Doctor
Hernández Apodaca nos llevó a dar un recorrido por los antecedentes nacionales
sobre el tema de los derechos humanos. Hizo referencia a que fue hasta
principios de los años noventa estos no figuraron en la agenda de la política
exterior de México, fundamentalmente mediante la participación del país en los
organismos internacionales especializados en la materia.
Y advierte como en aquella época el Estado
mexicano sostuvo una posición ambigua ante la agenda internacional de los
derechos humanos: de respaldo y hasta de exaltación en el discurso, pero en la
práctica recelosa e incluso obstruccionista ante el ulterior desarrollo del
régimen; estuvo dispuesto a promover solamente el multilateralismo tradicional
que subrayaba la defensa de los intereses y los derechos de los
Estados-nacionales, colocando la soberanía y la no intervención como ejes
rectores de la cooperación internacional en materia de derechos humanos.
Pero esto solo le funcionó por algunos
años, ya que comenzó a tambalearse en la medida en la que más actores no
estatales se involucraron en esta agenda internacional, y en la que la
justiciabilidad de las normas internacionales fue avanzando al amparo de nuevos
tratados o convenciones internacionales.
Poco a poco la tensión original entre la
proclamada adhesión del país al derecho internacional en general, así como a
los derechos del hombre en particular, y su posición defensiva frente al avance
progresivo del régimen de derechos humanos, empezó a cobrarle su postura.
Y es que el régimen de partido hegemónico
-aunque formalmente “democrático”- se fincó en el uso endémico y extenso de
prácticas autoritarias, en la práctica no resistían la prueba del escrutinio
internacional en materia de derechos fundamentales.
Durante mucho tiempo los gobernantes mexicanos
no tuvieron que preocuparse por esto último, ya que en México el propio
discurso de los derechos humanos, así como los instrumentos internacionales
para su promoción o defensa, eran desconocidos por la sociedad.
Cuando en la década de los setenta comenzó
a cobrar fuerza la construcción de redes transnacionales de derechos humanos en
América Latina debido a los abusos de las dictaduras militares, éstas no se
extendieron a México, y el caso mexicano pasó mayormente desapercibido en la
escena mundial.
Durante el primer semestre de 1945 el
gobierno de México asumió una actitud sorprendentemente internacionalista por
lo que hace a la protección de los derechos humanos en el sistema
internacional, tanto en el ámbito regional como en las discusiones sobre la
creación de Naciones Unidas.
La posición inicialmente favorable a la
construcción de un régimen internacional de derechos humanos fuerte, cambió
pronto, como resultado del tenor de las discusiones en San Francisco. Hacia
noviembre de 1945 México volvió a su posición tradicional como acérrimo
defensor del dominio reservado del Estado frente a la acción internacional en
asuntos de índole interna y, en particular, a la protección de los derechos
fundamentales.
En adelante –apunta el
Doctor Samuel Hernández Apodaca- la política exterior de México se basó en
estas premisas intrascendentes, durante este periodo el grado de compromiso de
México con el sistema internacional de promoción y protección de los derechos
humanos fue débil, y en ningún caso se aceptó delegar competencias contenciosas
o de supervisión a instancias internacionales cuando el reconocimiento de tales
facultades era optativo. Modelo clásico de un viejo, desgastado y aunque lo
negara autoritario modelo hegemónico.
Durante estas décadas y
en el marco de su vocación legalista y multilateral, los gobiernos de México
tuvieron presencia tanto en las negociaciones de los instrumentos jurídicos
internacionales como en algunos organismos importantes, como
Hacia finales de los años ochenta el tema
de los derechos humanos en México había logrado suficiente audiencia pública en
el plano nacional, y cobraba visibilidad en el internacional. El gobierno de
Carlos Salinas de Gortari (1988-1994) lo identificó ya como un problema difícil
de soslayar.
Fue en 1992 cuando la existencia de
En
los primeros años del sexenio de Ernesto Zedillo, el gobierno mexicano mantuvo
su posición tradicional, a pesar de las crecientes críticas por parte de los
diversos actores internacionales sobre la falta de garantías y el abuso a los
derechos fundamentales en México. Sin embargo, en 1996 se dio el primer gran
cambio: el gobierno de México invitó por primera vez a
Sin duda, la materia de derechos humanos,
durante el periodo neoliberal fue compleja. Estemos atentos al actual cambio de
régimen cuya postura en estas temáticas es de respeto, reconocimiento y
salvaguarda.
